Determinar si funcionarios de la Séptima Comisaría de Carabineros de Chiguayante se excedieron en los márgenes de legalidad y razonabilidad en el uso de fuerza, y si es que el procedimiento fue realizado con la debida proporcionalidad en los medios empleados. Esto es lo que persigue el Recurso de Amparo interpuesto en la Corte de Apelaciones de Concepción, en favor de Javier Rivera Reyes, por el alcalde de la comuna, Antonio Rivas; la encargada de la Oficina de Derechos Humanos, Dámaris Hernández y la madre del joven, Nancy Reyes.
En su testimonio, el estudiante de Ingeniería de ejecución en Electricidad, de 20 años, relató que salió de casa de un amigo el pasado 04 de diciembre, luego de iniciado el toque de queda. Se trasladaba en bicicleta cuando fue abordado por cuatro Carabineros, quienes lo lanzaron al suelo con la cara en el cemento, los aplastaron y golpearon con puntapiés en la cabeza, cara y otras partes del cuerpo, lo que le causó graves lesiones, entre ella la pérdida de un diente, la fractura de otras dos piezas dentales y hematomas en todo el cuerpo. Posteriormente, fue trasladado al Cesfam de Chiguay y al Hospital Regional de Concepción, para constatar lesiones y, finalmente, a la Séptima Comisaría de Carabineros de Chiguayante.
Respecto de esta acción, el alcalde, Antonio Rivas, señaló que “creemos que Carabineros debe hacer una profunda y exhaustiva investigación para dar con las responsabilidades de los hechos y tomar medidas disciplinarias con los funcionarios que no actuaron de acuerdo a los procedimientos y protocolos definidos. No hay justificación para esta conducta. Estos hechos no pueden repetirse y queremos que toda la ciudadanía de Chiguayante sepa que hay una Oficina de Derechos Humanos acompañándoles todos los días”.
En relación a lo ocurrido, la madre del joven, Nancy Reyes Tejeda afirmó que “quiero que Carabineros expliquen y digan por qué le hicieron eso. Fui varias veces a preguntarles qué ocurrió y nunca tuve respuesta. Por eso agradezco que me apoyaran para presentar este recurso y ver las responsabilidades en esta materia. Quiero escuchar de parte de ellos qué fue lo que pasó, porque hasta el día de hoy, no sé por qué le pasó eso”, aseguró.
Esta presentación legal se fundamenta en la vulneración del derecho constitucional de la libertad personal y seguridad individual del joven, al denunciar ser violentado por Carabineros. Además, está motivada por la solicitud de información por parte de la madre del joven respecto de lo sucedido, sin tener respuesta.
Por su parte, Dámaris Hernández, encargada de la Oficina de Derechos Humanos, señala que eventualmente “han sido vulnerados derechos garantizados en la Constitución y también en Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Nuestra oficina tiene por objetivo la protección de las personas que viven en Chiguayante frente a alguna vulneración”, precisó.
Lo que se solicita a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción es:
1) Se declare si hubo la ilegalidad y arbitrariedad en el uso de la fuerza.
2) Se declaren si se infringen los derechos constitucionales a la libertad personal y a la seguridad individual, consagrados en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República.
3.) Que, como consecuencia de lo anterior, se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de los derechos fundamentales violados.